El Ministerio de Medio Ambiente ha recuperado el diálogo con la sociedad

El cumplimiento del Protocolo de Kyoto ha sido uno de los grandes objetivos del Gobierno desde el principio de la legislatura, intentando recuperar el tiempo perdido por España durante demasiados años en los que se consideraba la lucha contra el cambio climático como una “amenaza” para nuestra economía. Así, se han aprobado dos Planes Nacionales de Asignación de Emisiones (2005-2007 y 2008-2012) que, junto a otras actuaciones, como la Estrategia Española de Cambio Climático y Energía Limpia, contribuirán a la necesaria reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero y a la reorientación de nuestro modelo energético, así como a la adaptación al cambio climático. Las medidas de mejora de la eficiencia energética y de apoyo a las energías renovables se empiezan a notar –en 2006 se redujeron por primera vez las emisiones-, y su influencia aumentará en los próximos años.

En esta legislatura se han aprobado diez leyes propuestas por el Ministerio de Medio Ambiente. Se ha creado la Fiscalía de Medio Ambiente y Urbanismo, para acabar con la impunidad frente a los delitos ecológicos y los desastres urbanísticos que amenazan nuestros ecosistemas más valiosos. La modificación de la Ley de Montes impedirá recalificar los terrenos quemados; se han incrementado notablemente los recursos humanos y materiales para combatir los incendios, a la vez que se adoptan medidas encaminadas a la prevención, como la cofinanciación de la retirada y aprovechamiento energético de la biomasa forestal. Tenemos un nuevo Parque Nacional (Monfragüe), varios en proyecto y una nueva situación, tras la transferencia de la gestión de la gestión a las comunidades autónomas y la aprobación de la Ley de Red de Parques Nacionales. La ley de Responsabilidad Medioambiental hará que, a partir de ahora, ninguna empresa que contamine y dañe el medio ambiente eluda su responsabilidad.

La gestión del agua, tras sufrir una de las peores sequías de la historia, es otro de los grandes desafíos, con el fin de adaptarnos a la Directiva Marco del Agua de la UE del año 2000. Su implantación garantizará agua de buena calidad, permitirá afrontar las sequías futuras y nos dotará de unos regadíos más eficientes, además de protegernos contra las inundaciones y conservar los ecosistemas. El Programa A.G.U.A. (Actuaciones para la Gestión y Utilización del Agua), da prioridad a la modernización de los sistemas de aprovechamiento del agua para hacerlos más eficientes y conservando en perfecto estado de servicio las infraestructuras, a la vez que se elimina la sobreexplotación y contaminación de ríos y aguas subterráneas y se potencian las tecnologías de la depuración, la reutilización y la desalinización.

La Estrategia para la Sostenibilidad de la Costa tiene como objetivo un cambio de modelo en la gestión del litoral, para frenar los desmanes urbanísticos y restañar los daños ocasionados con construcciones ilegales, que ocupan una franja que puede verse afectada por el cambio climático y la subida del nivel del mar, entre otras cosas mediante la compra pública de terrenos –el ministerio ha adquirido ya más de 14 millones de metros cuadrados- y la aceleración de los deslindes, que permitirá completar, a finales de 2008, la delimitación del dominio público.

El ministerio se marcó como objetivo recuperar el diálogo e incentivar la participación de la sociedad civil, algo que se había perdido o deteriorado durante las dos legislaturas anteriores: así, el Consejo Asesor de Medio Ambiente, tras un largo paréntesis, volvió a funcionar y la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente, que convoca a los consejeros de todas las CCAA y a la FEMP, se ha reunido con una frecuencia que duplica la de las legislaturas anteriores. Hace ya un año, entró en vigor la ley que garantiza el derecho de todos los ciudadanos al acceso a la información, la participación y el acceso a la justicia en materia de Medio Ambiente, una potente herramienta para fortalecer nuestra democracia.

Don erre que erre

Que el Partido Popular es cabezota y tozudo, nadie lo pone en duda, pero siguen erre que erre en lo del trasvase del Ebro. Siguen con la cantinela de que es necesario para España y para Andalucía, y les digo que NO, un no rotundo y avalado por la lógica, los números –que fríos son a veces- y por el sentido común.

Por el sentido común, porque una obra de tamaña envergadura ni es rentable economicamente y aun menos medioambientalmente. El argumento de que sobra agua en algunos lugares de este país es un tanto frívolo e irresponsable; debemos recordar que el criterio de la UE es que los trasvases sean la última solución para resolver las carencias de agua. Los números, los mire por donde los mire, no salen; ¿Cuánto costaría un metro cúbico de agua trasvasada? ¿Cuánto costaría la obra en sí misma? ¿Cuándo estaría finalizado el macro proyecto de trasvase?; y por último, la lógica de los tiempos indica que el uso del agua tiene que estar basado en criterios de sostenibilidad, criterios económicos, medioambientales y sociales, opuestos diametralmente a los del PP, sustentada ésta en la obra hidráulica y con nula consideración al medio ambiente y la economía.

Digo todo a esto a colación de las últimas declaraciones de algún gerifalte del Partido Popular, Arenas y el “nuevo” fichaje eléctrico del PP, el Sr. Manuel Pizarro, que reviven el trasvase del Ebro como una obra necesaria para el futuro hidráulico del nuestro país.

Antes de combatir con tanto ardor este tipo de políticas se deberían leer la Directiva Marco de Agua de la Unión Europea, los documentos de Naciones Unidas en materia de aguas, la distinta normativa de esta país y que ha tenido su referente en este último periodo de sesiones con un gran volumen de leyes que rigen la política de aguas nacionales y sienta las bases de ésta en criterios de sostenibilidad, y se darán cuenta que los criterios que manejan son antiguos, rancios y no van ningún lado.